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Los ciudadanos no son tontos

Por: José Buendía Hegewisch




La ciudadanía de Baja California asistirá este viernes 1º de noviembre a la asunción de Jaime Bonilla como gobernador electo de ese estado, pero sin saber el tiempo que permanecerá en el cargo. El periodo de su mandato es aún incierto, luego de que el Congreso local modificara fuera de las urnas el plazo de dos a cinco años en una de esas maniobras legislativas que dejan poca duda del por qué la desconfianza en las instituciones y el mundo de la política. Por lo demás, la llamada Ley Bonilla ha acabado por ser un laboratorio para comprender algunas causas de la fatiga democrática detrás de movimientos de protesta tanto en México como las que recorren América Latina.
La incertidumbre democrática que conviene al resultado de toda elección trasmutó en Baja California en falta de certezas mínimas de la representación política, como el periodo de gobierno: resulta que los derechos políticos son tácitamente recortados porque los ciudadanos sencillamente no saben por qué votaron y mucho menos si aceptarían una especie de renovación del mandato antes de que el gobernador siquiera tome posesión. Esta clase de “golpes” legislativos pueden contarse entre otros precursores de la indignación de ciudadanías hartas de que las tomen por tontas. Peor aún, el mensaje de “ilegalidad democrática” puede, incluso, alentar la insurgencia delictiva que, paradójicamente, es también alimentada por el cinismo político.
Por fortuna, la Corte ha admitido una controversia constitucional del gobernador Kiko Vega contra la reforma que, además, está impugnada por otros juicios de inconstitucionalidad, incluso por un recurso amicus curiae (amigos de la Corte) de cuatro exaspirantes a la gubernatura. La amplitud de la reacción contra la Ley Bonilla casi permite darla por muerta. Pero más allá de sólo cantar victoria, la jugada sirve como “laboratorio” de las prácticas que debilitan a la confianza en las instituciones democráticas y abren la puerta a conculcarla en nombre del propio “cansancio” de las urnas.
El ministro Fernando Franco abrió el análisis y demandó toda la documentación de la reforma a los legisladores, pero no concedió la suspensión del acto —congelar la toma de posesión de Bonilla—aun cuando la Corte hace un año, en otra controversia, siguió ese criterio en la Ley de Remuneraciones para no afectar derechos de funcionarios públicos. La Corte enfrenta su mayor prueba desde que comenzó el gobierno de López Obrador con un asunto que el Ejecutivo y su partido dejaron crecer innecesariamente; salvo que, en efecto, se tratara de una prueba a las resistencias y frenos ante maniobras que pretenden trastocar las reglas del juego democrático sin seguridad ni certeza alguna para los derechos políticos de la ciudadanía.
El Presidente ha rechazado que se trate de un laboratorio releccionista, pero lo cierto es que también dejó correr el asunto con la justificación de que no da línea a los estados como antes. Sin embargo, la dirigencia de Morena apoyó la ampliación del mandato porque la gente se “cansaba de ir a votar” y con ello encendió los temores sobre la intención de la reforma. Dejaron correr el mensaje grave de que los “estorbos” institucionales pueden ser removidos con el artificio de mano alzada, como ocurrió con una consulta pública con la que el propio gobernador electo trató de legitimar la prolongación extramuros democráticos de su mandato.
No obstante, un resultado importante de esta prueba es que funcionaron los contrapesos de autoridades electorales y la oposición, que a diferencia de Morena, fijó límites claros, incluso para sus dirigencias locales que votaron la reforma en el Congreso local. La última frontera la marcará la Corte, que si dejara escapar la oportunidad de atajar el “golpe” legislativo, entonces abriría un flanco a la democracia del país con la remisión de la denuncia a la Corte Interamericana como amenaza la oposición. Sería “inapropiado, antidemocrático, por no decir ilegal”, como los calificativos que usó el Presidente cuando decidió distanciarse de la Ley Bonilla, aunque no de su autor.

*Excelsior
Los ciudadanos no son tontos

Por: José Buendía Hegewisch




La ciudadanía de Baja California asistirá este viernes 1º de noviembre a la asunción de Jaime Bonilla como gobernador electo de ese estado, pero sin saber el tiempo que permanecerá en el cargo. El periodo de su mandato es aún incierto, luego de que el Congreso local modificara fuera de las urnas el plazo de dos a cinco años en una de esas maniobras legislativas que dejan poca duda del por qué la desconfianza en las instituciones y el mundo de la política. Por lo demás, la llamada Ley Bonilla ha acabado por ser un laboratorio para comprender algunas causas de la fatiga democrática detrás de movimientos de protesta tanto en México como las que recorren América Latina.
La incertidumbre democrática que conviene al resultado de toda elección trasmutó en Baja California en falta de certezas mínimas de la representación política, como el periodo de gobierno: resulta que los derechos políticos son tácitamente recortados porque los ciudadanos sencillamente no saben por qué votaron y mucho menos si aceptarían una especie de renovación del mandato antes de que el gobernador siquiera tome posesión. Esta clase de “golpes” legislativos pueden contarse entre otros precursores de la indignación de ciudadanías hartas de que las tomen por tontas. Peor aún, el mensaje de “ilegalidad democrática” puede, incluso, alentar la insurgencia delictiva que, paradójicamente, es también alimentada por el cinismo político.
Por fortuna, la Corte ha admitido una controversia constitucional del gobernador Kiko Vega contra la reforma que, además, está impugnada por otros juicios de inconstitucionalidad, incluso por un recurso amicus curiae (amigos de la Corte) de cuatro exaspirantes a la gubernatura. La amplitud de la reacción contra la Ley Bonilla casi permite darla por muerta. Pero más allá de sólo cantar victoria, la jugada sirve como “laboratorio” de las prácticas que debilitan a la confianza en las instituciones democráticas y abren la puerta a conculcarla en nombre del propio “cansancio” de las urnas.
El ministro Fernando Franco abrió el análisis y demandó toda la documentación de la reforma a los legisladores, pero no concedió la suspensión del acto —congelar la toma de posesión de Bonilla—aun cuando la Corte hace un año, en otra controversia, siguió ese criterio en la Ley de Remuneraciones para no afectar derechos de funcionarios públicos. La Corte enfrenta su mayor prueba desde que comenzó el gobierno de López Obrador con un asunto que el Ejecutivo y su partido dejaron crecer innecesariamente; salvo que, en efecto, se tratara de una prueba a las resistencias y frenos ante maniobras que pretenden trastocar las reglas del juego democrático sin seguridad ni certeza alguna para los derechos políticos de la ciudadanía.
El Presidente ha rechazado que se trate de un laboratorio releccionista, pero lo cierto es que también dejó correr el asunto con la justificación de que no da línea a los estados como antes. Sin embargo, la dirigencia de Morena apoyó la ampliación del mandato porque la gente se “cansaba de ir a votar” y con ello encendió los temores sobre la intención de la reforma. Dejaron correr el mensaje grave de que los “estorbos” institucionales pueden ser removidos con el artificio de mano alzada, como ocurrió con una consulta pública con la que el propio gobernador electo trató de legitimar la prolongación extramuros democráticos de su mandato.
No obstante, un resultado importante de esta prueba es que funcionaron los contrapesos de autoridades electorales y la oposición, que a diferencia de Morena, fijó límites claros, incluso para sus dirigencias locales que votaron la reforma en el Congreso local. La última frontera la marcará la Corte, que si dejara escapar la oportunidad de atajar el “golpe” legislativo, entonces abriría un flanco a la democracia del país con la remisión de la denuncia a la Corte Interamericana como amenaza la oposición. Sería “inapropiado, antidemocrático, por no decir ilegal”, como los calificativos que usó el Presidente cuando decidió distanciarse de la Ley Bonilla, aunque no de su autor.

*Excelsior